Las organizaciones y los individuos abajo firmantes, con representación de varias regiones geográficas, expresamos nuestro apoyo para una convención global sobre crímenes de lesa humanidad, e instamos a los estados a utilizar la reanudación de la sesión del Sexto Comité de la ONU de abril de 2024 para expresar el fuerte apoyo para que se adopte un procedimiento en la 79ª Sesión de la Asamblea General de la ONU a fin de avanzar el Proyecto de Artículos sobre la Prevención y el Castigo de Crímenes de Lesa Humanidad hacia las negociaciones de un tratado.

A lo largo de la historia, millones de personas han sido víctimas de asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación, persecución y otras atrocidades que han conmovido la conciencia de la humanidad. Los crímenes de lesa humanidad continúan sin cesar en todo el mundo y el Proyecto de Artículos ofrece una oportunidad adecuada y urgente para que los estados ayuden a poner fin a la impunidad.

Si bien los crímenes de lesa humanidad se encuentran entre los delitos más graves en el derecho internacional, aún no existe un tratado que rija su prevención y castigo. Un tratado sobre crímenes de lesa humanidad pondría fin a un vacío crucial en el actual marco internacional sobre atrocidades masivas así como también aclararía las obligaciones de los estados de prevenir dichos crímenes y los medios para colaborar entre ellos. Un tratado sobre crímenes de lesa humanidad podría contribuir legítimamente a la afirmación global sobre la gravedad de estos crímenes.

En 2013, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas aprobó que los crímenes de lesa humanidad se incluyeran en su programa de trabajo. En 2019 la Comisión recomendó la elaboración de una convención por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas o de una conferencia internacional.

En 2022, la Sexta Comisión de la ONU adoptó la resolución 77/249 para avanzar hacia un tratado sobre crímenes de lesa humanidad, incluyendo dos sesiones interactivas en 2023 y 2024 sobre el Proyecto de Artículos, y un plan para tomar una decisión sobre la recomendación de la CDI de que se avance hacia un tratado en la 79ª sesión de la Asamblea General.

Creemos que el Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional representa un punto de partida sólido para iniciar las negociaciones sobre un tratado. Existe un amplio consenso en el hecho de que el Proyecto de Artículos contiene una serie de elementos positivos, y las diferencias en las perspectivas sobre el Proyecto de Artículos actual no deberían utilizarse para perpetuar la inacción. En consecuencia, instamos a los estados a seguir la recomendación de la CDI de que se negocie un tratado sobre crímenes de lesa humanidad, ya sea por la propia Asamblea General o en una Conferencia Diplomática convocada a tal efecto.

Nuestras organizaciones instan asimismo a los estados a que, en la reanudación de la sesión de abril, identifiquen áreas importantes para seguir reforzando el Proyecto de Artículos. Diversos grupos de la sociedad civil han elaborado propuestas en este sentido. Entre ellas se incluye la consolidación del tratado propuesto por varios medios.

Instamos a los estados a que en la reanudación de la sesión de abril expresen también su apoyo general hacia un enfoque de elaboración de un tratado sobre crímenes de lesa humanidad que sea competente en materia de género, centrado en los supervivientes y que utilice una perspectiva interseccional. Esto incluye garantizar la inclusión de una disposición de no discriminación para aplicar e interpretar las disposiciones del tratado en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos.

Creemos que es igualmente esencial que el propio proceso de elaboración del tratado sea inclusivo. Los estados deben facilitar la participación significativa, inclusiva y segura del público y la sociedad civil de toda la región, en todas las fases del proceso de elaboración del tratado, incluidas las personas de todas las identidades de género, así como las víctimas, los supervivientes y las comunidades afectadas, y garantizar que sus voces estén adecuadamente representadas en las disposiciones definitivas del tratado.